Las leyes penales, concebidas para castigar actos intolerables en una sociedad, a menudo se convierten en instrumentos de represión y control político. Nawaz Sharif, quien fue primer ministro de Pakistán en tres ocasiones, es un claro ejemplo. En 2017, tras el escándalo de los Panama Papers, una filtración de más de 11 millones de documentos confidenciales de un bufete de abogados panameño especializado en crear empresas offshore, es decir, empresas que están registradas en un país donde las leyes son más laxas o los impuestos más bajos, por lo que usan las estructuras legales para mover dinero fuera del radar de las autoridades fiscales.
El nombre de Sharif estaba envuelto en las filtraciones, por lo que fue destituido y condenado por corrupción. Sin embargo, análisis realizados por medios como Jacobin en su artículo titulado «Between Judges and Generals», sugieren que el proceso judicial fue influenciado por sectores judiciales y militares con el objetivo de minar su influencia política, incluso de Lawfare, resultando en su inhabilitación permanente. De ser cierto, este caso ilustraría cómo el sistema penal puede ser usado estratégicamente para eliminar rivales políticos.
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