N°
de Expediente: A11-271 N°
de Sentencia: 355
Tema: Acto de Imputación
Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: Acto formal de imputación - Finalidad
Jueves, 11 de
Agosto de 2011
...el
acto formal de imputación, constituye una actividad procesal, que en resguardo
del principio de seguridad jurídica, y de los derechos a la Defensa, Debido Proceso y
Tutela Judicial Efectiva; tiene por finalidad comunicar a las personas, la
cualidad de imputado que les surge con ocasión de una investigación, que previamente
iniciada, ha arrojado de manera coherente y racional, elementos de convicción
en su contra. Ello a fin de que el imputado, debidamente asistido por su
defensa técnica, y con resguardo de los derechos y garantías constitucionales y
legales; sea impuesto del precepto constitucional que le exime de declarar en
su contra y, en consecuencia, sí así lo desea, declare respecto de todo aquello
que le favorezca y esté relacionado con la investigación, aunado a que se le
permita el acceso a las actas que constituyen la investigación, y su
intervención en la formación de los actos de investigación, y en fin pueda
solicitar todo aquello cuanto sea necesario para el mejor ejercicio de su
derecho a la defensa.
Su finalidad es precisamente impedir, que el órgano encargado de ejercer la
acción penal, esto es, el Ministerio Público, lleve a espaldas de los imputados
una investigación, de tal manera que puedan los investigados ejercer el control
y contradicción de los diferentes actos de investigación y de prueba que surgen
durante el desarrollo de la fase preparatoria, evitando además que el procesado
sea sorprendido con una acusación cuyos fundamentos sean desconocidos, lo cual
configuraría una violación real y efectiva de los derechos a la Defensa, al Debido Proceso
y a la Tutela Judicial
Efectiva.
Debe recordarse que conforme a estos derechos, el Estado constitucionalmente
garantiza el acceso a los órganos de administración de justicia, a la defensa y
la asistencia jurídica como un derecho inviolable en todo estado y grado de la
investigación y del proceso, lo cual comporta que a todo ciudadano le sea
notificado, los cargos por los cuales se les investiga, y a acceder a las
pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su
defensa.
