MAGISTRADA PONENTE: MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET
En contexto con lo descrito, habiendo dejado claramente sentado el rol que cumple la víctima dentro del proceso y cuál es su participación en el mismo, considerando que el Derecho debe aplicarse al caso en particular, advierte esta Sala que hubo una omisión y errónea interpretación y aplicación de lo establecido en el artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto en el proceso que se analiza, el Ministerio Público había decretado el archivo fiscal de las actuaciones, que en su definición más simple, lo que indica es que la investigación realizada resultó insuficiente para acusar (artículo 297 COPP), sobre esta decisión deben ser notificadas las partes, proviniendo de allí, la acción que puede ejercer la víctima a través de la acusación particular propia, aún con prescindencia del Ministerio Público, tal como lo ha dejado establecido la jurisprudencia de esta Sala.
En atención a lo expuesto, considera esta Sala que, siendo posible que la víctima pueda presentar acusación particular propia aún con prescindencia del Ministerio Público, no es menos, que en el caso en concreto, se debía designar el defensor público a los imputados de conformidad a los establecido en el artículo 310 numeral 2º del Código Orgánico Procesal Penal y realizado la audiencia preliminar, a pesar de la ausencia del Fiscal del Ministerio Público, pues como ya se ha declarado, el acto conclusivo presentado por el mismo, fue el archivo fiscal de las actuaciones y quien se encontraba actuando en el proceso a través de su apoderado judicial era la víctima, quien presentó la acusación particular propia, por lo que diferir la audiencia fue violatorio al ejercicio de los derechos constitucionales y legales establecidos para garantizar la tutela judicial efectiva.
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La frase del día
"Lo que otras personas no ven ni escuchan, no lo pueden arruinar"
