Dolo. Culpa

DIFERENCIA ENTRE DOLO Y CULPA

El primero -dolo- implica "un proceso intelectual sustentado en el reconocimiento de las consecuencias de las acciones u omisiones"; mientras que la segunda supone "infringir el deber de cuidado de la conducta con la consiguiente causación, producción o no evitación del resultado típico (lesión o puesta en peligro del bien jurídico)".

Fuente: Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Sentencias Vinculantes - II

SENTENCIAS VINCULANTES DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, ES DECIR, DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LAS DEMÁS SALAS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

8. Sentencia de la Sala Constitucional, N° 1268, con fecha 14 de agosto de 2012, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán:

“En efecto, la anterior doctrina es necesaria extenderla, con carácter vinculante, a los procesos de violencia contra la mujer, toda vez que el lapso para concluir la investigación en esos procesos resulta más corto con relación a los que ventilan la responsabilidad penal de los adultos y adolescentes, lo que dificulta que el Ministerio Público pueda presentar un acto conclusivo, dada la cantidad de  causas que conoce en esta materia…”

“Finalmente, visto el carácter vinculante de la presente decisión y su interés general, la Sala ordena, conforme a lo señalado en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, su publicación en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente:

Sentencia de la Sala Constitucional que establece, con carácter vinculante, lo siguiente: 1) que en los procedimientos especiales de violencia contra la mujer, la víctima del delito de violencia física puede presentar, conjuntamente con la denuncia o inmediatamente posterior, ante cualquier órgano receptor de la misma o ante el Ministerio Público, un examen médico expedido por profesionales de la salud que presten servicios en cualquier institución pública o, bien en el caso de que no sea posible, por médicos privados, el cual deberá ser avalado, previa solicitud emitida por el Ministerio Público, por un médico adscrito al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses; y 2) en los procedimiento especiales de violencia contra la mujer, la víctima -directa o indirecta- de los hechos punibles investigados en dichos procesos, puede, con prescindencia del Ministerio Público, presentar una acusación particular propia contra el imputado, cuando ese órgano fiscal no haya concluido la investigación dentro de los lapsos establecidos en la ley especial para hacerlo.”

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Enlace a la Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Agosto/1268-14812-2012-11-0652.HTML

9. Sentencia de la Sala Constitucional, N° 1381, con fecha 30 de octubre de 2009, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López:

“DECISIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE CON CARÁCTER VINCULANTE QUE LA ATRIBUCIÓN DE UNO O VARIOS HECHOS PUNIBLES POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 250 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPUTACIÓN; E IGUALMENTE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE SOLICITAR UNA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA UNA PERSONA, SIN QUE PREVIAMENTE ÉSTA HAYA SIDO IMPUTADA POR DICHO ÓRGANO DE PERSECUCIÓN PENAL”.

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Enlace a la Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/1381-301009-2009-08-0439.HTML

10. Sentencia de la Sala Constitucional, N° 490, con fecha 12 de abril de 2011, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López:

“Sentencia que, con carácter vinculante, interpreta que no sólo viola el principio de legalidad y, por ende, el debido proceso (artículo 49.6 constitucional) y la tutela judicial efectiva (artículo 26 eiusdem) reconocer la existencia de una norma que realmente no está prevista en el ordenamiento jurídico, sino también desconocer una norma jurídica que sí forma parte de él como es la que contempla el tipo base de homicidio doloso, prevista en el artículo 405 del Código Penal, la cual no sólo abarca el homicidio doloso de primer grado (dolo directo o directo de primer grado), sino también el de segundo (dolo indirecto, dolo directo de segundo grado o dolo de consecuencia necesaria) y el de tercer grado (dolo eventual o dolo de consecuencia eventual), y así se establece con carácter vinculante”

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Enlace a la Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/490-12411-2011-10-0681.HTML

11. Sentencia de la Sala Constitucional, N° 1682, con fecha 15 de julio de 2005, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero:

“Por las razones que anteceden esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara Resuelta la solicitud de interpretación del artículo 77 de la Constitución en los términos expresados en la parte motiva del presente fallo.

Dado el carácter vinculante de la misma, se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República, y es a partir de dicha publicación que este fallo comenzará a surtir efectos.”

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Enlace a la Sentencia:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1682-150705-04-3301.HTM

Delitos (1.526)

DERECHO PENAL

TIPOS PENALES CONSAGRADOS EN LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

TÍTULO VII

DE LAS SANCIONES Y DE LOS RECURSOS

CAPÍTULO I

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

SECCIÓN II

DE LAS FALTAS CONTRA LA CONFIANZA PÚBLICA

1. Del uso y aprovechamiento de las denominaciones y operaciones de Intermediación financiera. Art. 413.

2. De los servicios y operaciones ofrecidas, efectuadas o publicadas en contravención de la normativa. Art. 414.

3. Infracciones de los auditores externos y peritos avaluadores. Art. 415.

SECCIÓN III

DE LAS FALTAS CONTRA LA BUENA ADMINISTRACIÓN

4. Del incumplimiento a la Normativa de Control Interno, de Inversiones y Operaciones, de Contabilidad, y de las obligaciones previstas en otras Leyes. Art. 416.

5. Negativa de Suministrar Información o Acatar las Medidas Impuestas. Art. 417.

6. Otorgamiento Indebido de Créditos. Art. 418.

7. Sanciones a las Emisoras de Tarjetas de Crédito y los Almacenes Generales de Depósitos. Art. 419.

8. Sanciones a las Oficinas de Representación. Art. 420.

9. De la Responsabilidad Personal en la Emergencia Financiera. Art. 421.

SECCIÓN IV

DE LAS FALTAS CONTRA LA FUNCIÓN PÚBLICA

10. Incumplimiento a la Normativa Legal Referente a las Obligaciones para con la Superintendencia. Art. 422.

11. Obstaculización de las Funciones de la Superintendencia. Art. 423.

12. Negativa a Suministrar Información durante las Inspecciones. Art. 424.

13. Falta de Pago del Aporte al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria. Art. 425.

14. Responsabilidad Personal por Falta de Pago del Aporte al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria. Art. 426.

15. Negativa a Suministrar Información. Art. 427.

16. Incumplimiento de Medidas. Art. 428.

CAPÍTULO II

DE LAS SANCIONES PENALES

17. Fuerza Probatoria. Art. 429.

18. Captación Indebida. Art. 430.

19. Aprobación Indebida de Créditos. Art. 431.

20. Apropiación o Distracción de Recursos. Art. 432.

21. Fraudes Documentales. Art. 433.

22. Información Falsa para realizar Operaciones Bancarias. Art. 434.

23. Información Financiera Falsa. Art. 435.

24. Simulación de Reposición de Capital. Art. 436.

25. Incumplimiento de los Auditores Externos. Art. 437.

26. Incumplimiento de los Peritos Avaluadores. Art. 438.

27. Oferta Engañosa. Art. 439.

28. Responsabilidad en el Fideicomiso. Art. 440.

29. Contravenciones Contractuales. Art. 441.

30. Información Falsa en el Fideicomiso. Art. 442.

31. Ocultamiento de información en la Declaración Institucional. Art. 443.

32. Revelación de Información. Art. 444.

33. Fraude Electrónico. Art. 445.

34. Apropiación de Información de los Clientes. Art. 446.

35. Apropiación de Información por Medios Electrónicos. Art. 447.

36. Difusión de Información Falsa. Art. 448.

37. Pena Accesoria. Art. 449.

38. Falso Testimonio. Art. 450.

SECCIÓN VI

DE LAS RESPONSABILIDADES Y LAS SANCIONES

39. De las Responsabilidades Personales. Art. 498.

40. Sanciones a las Instituciones. Art. 499.

Fuente: Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Decreto N° 1.526 de fecha 3 de noviembre de 2001.

Sentencia - EE. UU.

“Sentencia que declara que los Estados Unidos de América no tienen jurisdicción alguna, de ninguna intensidad, forma o atributo, para sancionar y promulgar actos de faz legal con aplicación en la República Bolivariana de Venezuela, siendo que el documento identificado como “ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela 2014”, carece de validez y efectividad y es absolutamente nula su ubicación o existencia en el plano jurídico para la República Bolivariana de Venezuela y sus nacionales”.   
 

VI

DECISIÓN

3.- RESUELVE, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada y, en consecuencia, establece lo siguiente:

3.1.- Que los Estados Unidos de América no tienen jurisdicción alguna, de ninguna intensidad, forma o atributo, para sancionar y promulgar actos de faz legal con aplicación en la República Bolivariana de Venezuela, siendo que el documento identificado como “ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela 2014”, carece de validez y efectividad y es absolutamente nula su ubicación o existencia en el plano jurídico para la República Bolivariana de Venezuela y sus nacionales.

3.2.- Que la “ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela 2014”, así como otras acciones emprendidas por los Estados Unidos de América, en contra de la República Bolivariana de Venezuela, del Estado venezolano y del Pueblo venezolano, no sólo vulneran todas las fuentes del Derecho Internacional (principios, jurisprudencia, costumbres y tratados y otros instrumentos internacionales), sino que adversan los más emblemáticos criterios jurídicos y éticos de la humanidad, además de quebrantar normas, valores, principios, derechos y garantías tanto del Derecho interno de la República Bolivariana de Venezuela, como, probablemente, del propio Derecho interno de aquel Estado que ha desplegado estas írritas y lamentables acciones de agresión.

3.3.- Que esas acciones injerencistas generan responsabilidad internacional para los Estados Unidos de América y para las autoridades respectivas que las han desplegado o han ayudado a desplegarlas; incluso, pudieran generar responsabilidad jurídica ante su pueblo y ante el orden interno de la República Bolivariana de Venezuela; razón por la que las autoridades venezolanas están legitimadas para encausar las investigaciones y los procesos correspondientes.

3.4.- Que la comisión de estos hechos antijurídicos generan, entre otros, los derechos del Estado objeto de perjuicios, a través de los medios que establece el orden internacional, (1) a denunciar y exigir el cese de la conducta ilícita, (2) a exigir las debidas garantías de que las mismas no se repetirán, (3) a ver reparada plenamente la lesión, sea mediante la restitución, la indemnización o la satisfacción, y (4) exhortar a los demás países y a la comunidad internacional, para que coadyuven a tutelar esos derechos, en virtud, entre otros, de los principios de solidaridad y reciprocidad, justicia y paz internacional.

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la República Bolivariana de Venezuela.

Datos de la Sentencia: Sala Constitucional, sentencia No. 100, de fecha 20 de febrero de 2015, Ponencia Conjunta.

Enlace a la Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/174494-100-20215-2015-15-0142.HTML

Delitos (5.263) - III

DERECHO PENAL

TIPOS PENALES CONSAGRADOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE JUSTICIA MILITAR

LIBRO SEGUNDO

CAPÍTULO V

De los Delitos Contra los Deberes y Honor Militares

SECCIÓN I

De la Usurpación y el Abuso de Autoridad

Desde el artículo 507 al 511.

SECCIÓN II

De la Insubordinación

Desde el artículo 512 (delito de insubordinación) al 518.

SECCIÓN III

De la Desobediencia

Desde el artículo 519 (delito de desobediencia) al 522.

SECCIÓN IV

De la Deserción

Desde el artículo 523 (delito de deserción) al 533.

SECCIÓN V

Del Abandono de Servicio

Desde el artículo 534 al 537.

SECCIÓN VI

De la Negligencia

Desde el artículo 538 al 545.

SECCIÓN VII

Inutilización Voluntaria para el Servicio

Artículo 546.

SECCIÓN VIII

De la Denegación de Auxilio

Desde el artículo 547 al 549.

SECCIÓN IX

De otros Delitos contra la Seguridad de las Fuerzas Armadas

Desde el artículo 550 al 554.

SECCIÓN X

De la Evasión de Presos y Prisioneros

Desde el artículo 555 al 559.

CAPÍTULO VI

De la Cobardía y otros Delitos contra el Decoro Militar

Desde el artículo 560 al 565.

CAPÍTULO VII

Del Uso Indebido de Condecoraciones, Insignias y Títulos Militares

Artículo 566.

CAPÍTULO VIII

De los Delitos contra la Fe Militar

SECCIÓN ÚNICA

De la Falsificación y Falsedad

Desde el artículo 567 al 569.

CAPÍTULO IX

De los Delitos contra la Administración Militar

Desde el artículo 570 al 572.

CAPÍTULO X

De los Delitos contra las Personas y las Propiedades

Desde el artículo 573 al 576.

CAPÍTULO XI

De los Delitos contra la Administración de Justicia Militar

Desde el artículo 577 al 590.

Fuente: Código Orgánico de Justicia Militar. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.263 Extraordinario del 17 de septiembre de 1998.

Incitación

DERECHO PENAL

TÍTULO VI
DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS

Capítulo II
Delitos comunes

Artículo 164. Incitación e inducción al consumo. El o la que con amenaza, engaño o violencia, logre que alguna persona consuma estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será penado o penada con prisión de seis a ocho años.

El o la que incite o induzca a alguna persona al consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que produzcan dependencia física o psíquica, será penado o penada con prisión de cuatro a seis años.

Fuente: LEY ORGÁNICA DE DROGAS. GACETA OFICIAL N° 39.546. VIERNES 5 DE NOVIEMBRE DE 2010.

008610 xv

NORMAS SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO, LA PAZ SOCIAL Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN REUNIONES PÚBLICAS Y MANIFESTACIONES

CAPÍTULO III

De la Actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la Garantía del Orden Público, la Paz y la Convivencia Ciudadana en Reuniones Públicas y Manifestaciones

Artículo 15. Actuación Durante el Desarrollo de las Reuniones Públicas y Manifestaciones. Durante el desarrollo de las reuniones públicas y manifestaciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de las unidades subordinadas y previa coordinación con el órgano rector en materia de seguridad ciudadana, una vez en el lugar de los acontecimientos, cumplirá con lo establecido en el plan de operaciones elaborado para tal fin, dependiendo del grado de alteración del orden público. Antes de su actuación, realizará una evaluación de la situación que se presente, considerando para ello el número de personas que participan, su actitud, las personas que se identifican como representantes, interlocutoras e interlocutores, el motivo o finalidad de la reunión pública o manifestación en caso de que ésta no haya sido previamente participada o notificada, el grado de organización y todos aquellos elementos que faciliten la aplicación de las estrategias previamente planificadas para la protección de los derechos humanos, contando siempre con la participación de una mediadora o mediador, mediadoras o mediadores. Cuando los medios alternativos de resolución de conflictos no resulten satisfactorios, la Unidad actuante procederá a advertir a las personas que participan en las reuniones públicas o manifestaciones sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, en cuyo caso el personal militar deberá adoptar, entre otras, las siguientes conductas:

1. Extremarán precauciones para el uso de la fuerza contra mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adultas y adultos mayores, personas con discapacidad o necesidades especiales u otros grupos vulnerables, adoptando los medios de disuasión, protección y control más adecuados.

2. No emplearán fuerza contra las personas que se retiran o caen mientras corren y que no participan en actos violentos, salvo la estrictamente necesaria para efectuar una aprehensión en caso de flagrancia en la comisión de un delito.

3. Extremarán las precauciones para el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada, a fin de evitar su difusión y extensión, en inmediaciones o cercanía de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias, tales como hospitales, geriátricos, escuelas, colegios y liceos, así como, en espacios confinados o sitios cerrados y se abstendrán de propulsarlos en forma directa contra las personas, evitando sus consecuencias letales o lesivas.

4. Descenderán en la escala de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, a medida que desciende la resistencia hasta que cese o cuando se produzca la finalización de actos violentos, adoptando las correspondientes medidas de seguridad.

5. No arrebatarán banderolas o pancartas utilizadas a quienes participan en reuniones públicas o manifestaciones, limitándose al decomiso de objetos, equipos e instrumentos que puedan ser utilizados para atentar contra la integridad física de las personas.

6. No arrojarán o devolverán objetos contundentes lanzados previamente por quienes actúan en forma violenta en las reuniones públicas o manifestaciones.

7. Brindarán asistencia a las personas que resulten lesionadas y evacuarán a las heridas o lesionadas a los centros de atención médica más próximos, además de garantizar la existencia de corredores humanitarios y el acceso de socorristas.

8. Notificarán en forma inmediata, en el plazo razonable, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público de la aprehensión de personas, con indicación del centro de detención donde se encuentren o permanezcan, haciendo pública la información a fin de que pueda estar disponible para familiares, allegadas o allegados.

9. No portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones, a menos que, por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla, sea necesario su porte y uso.

10. Las demás establecidas en las leyes, reglamentos, resoluciones y manuales.

Fuente: Gaceta Oficial No. 40.589. Resolución No. 008610 de fecha 27 enero 2015.