Es común observar solicitudes
consignadas por abogados privados mediante las cuales pretenden que los tribunales
los juramenten como “defensores de confianza” por el hecho de haberse ordenado,
por ejemplo, un allanamiento o registro en la residencia de sus clientes. En
esos supuestos, si el fiscal certifica que los resultados del allanamiento
tienen fuerza incriminadora, deberá convocar perentoriamente al acto formal de
imputación para que el imputado material tramite judicialmente el nombramiento
y la juramentación de su abogado defensor, y puedan tener ambos (imputado y
defensor) acceso al expediente.
Fuente: Problemas de la Imputación en el
Proceso Penal. Giovanni Rionero. Vadell hermanos editores. p.51.
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