Delincuencia Organizada
Los elementos de convicción
recabados por el Ministerio Público durante la investigación penal, evidencian
la falsedad de las notas promisorias (pagarés) del Banco de Desarrollo
Agropecuario (Bandagro), cuyo cobro han intentado los acusados, a los fines de
aprovecharse fraudulentamente de fondos públicos y obtener una utilidad ilegal.
En tal sentido, se constató el despliegue de actividades propias de la
delincuencia organizada trasnacional, mediante la realización de múltiples
acciones continuadas que comenzaron a partir de 1991, y hasta la actualidad,
tales como la falsificación de los pagarés propiamente y también de
documentación que han presentado como supuesto aval o soporte de éstos; la
invocación de dictámenes emanados de Organismos del Estado, distorsionando su verdadero
sentido y alcance, o simplemente carentes de efectos en virtud de haber sido
revocados; acudir a procedimientos legales y administrativos para cometer fraude
procesal, entre otros; todas ellas a los fines de darle una simulada apariencia
de autenticidad a los referidos pagarés, y consiguientemente, ponerlos a
circular en el mercado financiero nacional e internacional, en detrimento del
patrimonio del Estado Venezolano, como supuesto emisor de éstos.
“...los hoy acusados hacen parte
de una organización delictiva estructurada, jerarquizada e integrada por
diversas personas con distintas atribuciones y funciones de considerables
dimensiones, e inclusive de carácter jurídico, y trasnacional, que como se ha
señalado viene desarrollando y ejecutando de manera sistemática y continua,
acciones delictivas en perjuicio de la República, dirigidas a la obtención de un
beneficio económico, a través de engaños, trampas o artificios; constatándose
que desde la fecha que ocurrieron los hechos hasta la actualidad, la acción
típica no ha cesado en ningún momento, pues existe una pluralidad de acciones
continuas, realizadas en distinto tiempo; verificándose tal continuidad en el
hecho cierto que desde el año 1991 hasta la fecha los imputados conjuntamente
con otras personas nacionales y extranjeras, han efectuado operaciones
comerciales encaminadas a acreditar fiabilidad a unos instrumentos comerciales
que han sido cuestionados por la
República a través de los órganos competentes, efectuando operaciones
de comercio tendentes a poner en circulación las Notas Promisorias, actuando
como intermediarios en acciones que faciliten su incursión en el mercado nacional
e internacional e intentando obtener el cobro de las falsas notas promisorias
en perjuicio de la
República...”
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