La
política anticriminal es la política del Estado destinada a garantizar la
“seguridad ciudadana”. De ella se puede hablar en sentido estricto, como
referida al ámbito del Sistema de Justicia Penal que comprende: legislación
penal -sustantiva y procesal-, actividad de policía, sistema de justicia,
sistema post penitenciario y las formas alternativas de resolución de
conflictos; y en sentido general, que engloba a la totalidad del sistema de
control social, pues se parte de la idea que, además de mantener la paz social
y el orden, la política anticriminal coadyuva en la disminución de la brecha
social (desigualdad) y protege los derechos humanos a través de una política
social incluyente. En la formulación de la política anticriminal en sentido
estricto, el Ministerio Público tiene mucho que aportar, pues, visto que además
de ejercer el monopolio de la acción penal, es el director de la investigación
penal, lo cual le permite contar con información y datos reales que redunden en
propuestas eficaces y eficientes en pro de la seguridad ciudadana,
especialmente en aquello referido a derecho penal mínimo y derechos humanos.
Fuente de la información: Revista del Ministerio Público. Revista Científica Arbitrada.
V Etapa No. 8. 2010. p. 41.
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