Si el imputado sufre un trastorno mental grave, el proceso se suspende, la razón es constitucional: nadie puede defenderse si no comprende los cargos en su contra. Eso no significa impunidad.
Ahora bien, la ley es clara cuando establece que la suspensión no impide que la investigación del hecho continúe, ni detiene el proceso contra otros imputados. Además, esta incapacidad debe ser declarada por el juez luego de obtener una experticia psiquiátrica.
En conclusión: debemos vigilar que la salud mental no sea usada como táctica dilatoria, sino como una garantía real.
El proceso penal venezolano no es una carrera de velocidad, sino un camino de garantías.
Fuente digital de la información:
La frase del día
"Una mala jugada puede cambiar toda la partida"
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