31 de agosto de 2017

31/8/2017 Desfalco a la nación

La frase del día:
Hoy estamos y mañana no sabemos

Fiscal General anunció apertura de investigación por desfalco a la nación de 200 millones de dólares

Criticó que su antecesora obviara averiguaciones por ilícitos en Faja Petrolífera del Orinoco

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció este jueves 31 de agosto la apertura de una investigación penal en torno al desfalco a la nación por un monto aproximado de 200 millones de dólares, tras supuestas irregularidades en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Durante una rueda de prensa que ofreció desde el auditorio de la sede principal de la institución, en Caracas, Saab precisó que en este hecho inédito se tuvo que iniciar la respectiva investigación desde cero, pues la administración anterior mantuvo el caso engavetado con una omisión cómplice, “a pesar de que el Jefe de Estado hace un año ordenó el inicio de esas averiguaciones”.

El máximo representante del órgano titular de la acción penal explicó que tras las diligencias efectuadas se comprobó la gestión fraudulenta de varias contrataciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), realizadas por la gerencia correspondiente al período 2010-2016.

Igualmente, se ha determinado que la contratación de servicios y suministros fueron cotizados con tasas de sobreprecio estimado de 230%, lo que ocasionó un daño patrimonial al país.

La máxima autoridad del Ministerio Público hizo referencia a un total de 12 contratos adjudicados a diez empresas, entre las cuales mencionó a Nalco Venezuela, Capriservi, Cooperativa Servicios de Oriente; Servicios Construcciones y Mantenimiento Romara, Constructora Urbano Fermín, Metroemergencias, Derwick Associates, SDV Energía e Infraestructura, Sumiservic 2021 y Tradequip, cuyos dueños serán citados como parte del proceso de investigación.

Puntualizó que luego de una mesa de trabajo conjunta, por parte de su equipo jurídico y la División de Auditoría Corporativa de Pdvsa, quedaron en evidencia delitos como concierto de funcionario público con contratista, evasión de procesos licitatorios, peculado doloso y asociación para delinquir.

En este sentido, Saab lamentó y condenó que la anterior gestión del Ministerio Público haya adoptado una postura de omisión para propiciar la extorsión y el cobro de comisiones, en aras de evitar las respectivas investigaciones que ameritaban estos hechos de corrupción.

Agradeció la labor de coordinación con los distintos organismos del Estado, en especial con Pdvsa para buscar la verdad y hacer justicia.

Respaldo institucional

Por otra parte, Saab dijo que ya le solicitó a la Contraloría General de Venezuela y Pdvsa la designación de auditores para que se encarguen de evaluar los procesos licitatorios de la Faja Petrolífera del Orinoco; asimismo las respectivas inspecciones técnicas en el lugar a fin de corroborar el cumplimiento de los contratos.

Al respecto, acotó que en tales labores participará el personal de la Unidad Criminalística de Campo del Ministerio Público.

Hizo un llamado a los dueños de las referidas empresas para que den la cara y colaboren con la justicia e igualmente, manifestó que la gerencia de la Faja Petrolífera del Orinoco debe responder por sus acciones irregulares efectuadas a espaldas de sus superiores y del pueblo venezolano.

Complicidad

Asimismo, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, sostuvo que en el desarrollo de otras pesquisas volvió a aparecer un vínculo con el bufete del abogado José Rafael Parra Saluzzo, quien estaría incurso en el intercambio de altas sumas de dinero, derivadas de estas contrataciones con sobreprecio.

Saab cuestionó el hecho de que este caso estuviera sepultado en una especie de “bóveda negra”, pues se trata de un tema delicado que compromete el desarrollo económico de la nación, y no había registro de ningún proceso penal iniciado al respecto, a pesar de tener suficientes elementos para ello.

Reiteró que dicha acción evidencia que la ex fiscal general actuó con permisividad ante casos importantes de corrupción vinculados con el Centro Nacional de Comercio Exterior y la Comisión de Administración de Divisas, así como en expedientes relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.



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